En la era de la privacidad, cualquier movimiento enfocado a recopilar datos personales suscita una gran inquietud entre los ciudadanos. El seguimiento y vigilancia de las personas preocupa, y buena parte de la culpa lo tiene la falta de claridad de las empresas a la hora de explicar cómo manejan la información que recopilan. Precisamente, ese es el problema que han encontrado juristas y expertos ante la noticia, avanzada por «El País», de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a poder rastrear los móviles de todos los españoles durante ocho días, del 18 al 21 de noviembre; el 24 de noviembre; el 25 de diciembre; y el 20 de julio y 15 de agosto. El organismo afirma que ha acordado la cesión de los datos anónimos de los usuarios, de forma que no se expresa a quién pertenecen en concreto, con las tres principales operadoras nacionales (Movistar, Orange y Vodafone) a cambio de un contrato de 498.000 euros, según ha podido saber ABC.

El objetivo es realizar un estudio acerca de los hábitos que tiene la sociedad a la hora de desplazarse. El seguimiento se hará sin obtener el consentimiento expreso de ningún ciudadano. El INE no ha aclarado el procedimiento que se va a seguir para que los datos no se puedan volver asociar con el usuario al que pertenecen. Esta es solo una de las dudas que plantean los expertos consultados por ABC.

Falta de claridad
Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, se …