En este caso, el punto de mira está en Uber y Airbnb.
¿Qué fue antes: el huevo o la gallina? ¿La empresa o la ley? Este sería el dilema por el que estarían pasando los Gobiernos de casi todos los países en los que nuevas empresas están conquistando un terreno antes controlado por otras compañías de corte más tradicional. Un problema que va mucho más allá de la simple decisión de si dejar operar a una compañía en un país o no. La cuestión estaría centrada en un juego de equilibrio en el que un gran número de piezas se mantienen gracias al soporte de otras.
La mayor parte de las tecnológicas ha tenido que hacer un encaje legal por países para poder operar
En este contexto, durante las últimas semanas hemos asistido a un serie de prohibiciones, que iban directamente a por este modelo de empresas, por parte de algunos ejecutivos. Y curiosamente España no está en la lista en la sección de transporte, de momento. Por una parte, Dinamarca ha obligado a Uber a echar el cierre su país de la forma más sutil posible. La tecnológica, que venía operando desde 2014, se ha visto sometida a una nueva regulación aprobada recientemente por el Gobierno que es incompatible con la estructura de Uber. En otras palabras, les han echado y con ellos a los 2.000 conductores que tendrán que cambiar de empleo y 300.000 usuarios que vuelven al regulado sector del taxi. Unos días después, la historia se volvía a repetir …