*Por Diego Schargorodsky, managing director de Globant en Sudamérica
Recientemente, Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, calificó como “un salvaje oeste” a las plataformas de intercambio de criptomonedas, alertando sobre supuestas estafas, fraudes y abusos en ciertas aplicaciones dedicadas a la compraventa de dichas divisas. A su vez, Gensler solicitó al Congreso mayores atribuciones para supervisar el intercambio de criptos y remarcó la necesidad de evitar que las transacciones, los productos y las plataformas caigan entre las fisuras regulatorias.
En paralelo, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en autorizar el curso legal del bitcoin, lo cual generó un rechazo inmediato por parte del FMI, que desde su blog indicó que una adopción generalizada de esta moneda tendrá efectos negativos en la estabilidad macroeconómica del país centroamericano.
En este contexto, los gobiernos y los organismos multilaterales de crédito entienden que el intercambio de dinero debe ser regulado por los Estados nacionales y que no debe quedar sujeto al libre comercio sin restricciones entre personas. Estos mecanismos de control, señalan las autoridades políticas, ayudarán a generar un entorno seguro en las transacciones, desde el punto de vista legal y tecnológico, aunque también es cierto que el marco regulatorio es lo que permitirá a los distintos gobiernos nacionales aplicar impuestos y tener el control de la emisión de sus monedas locales.
Más allá de la apreciación política que cada uno tenga, lo que estamos viendo es un rol cada vez más importante de la tecnología …