El Gobierno de Pedro Sánchez da a entender que no se privará de las inversiones del gigante tecnológico chino en España, cuyos servicios especiales han constatado la seguridad de sus equipamientos. El objetivo es dotar de cobertura al 75% del territorio antes de finales de 2020 y abstenerse de un veto que podría ralentizar y encarecer el proceso.