Hace dos años y medio, la dependienta de una tienda de ropa de marca en un centro comercial de Palma fue despedida tras transferir 2.845 euros de la caja de la tienda a una cuenta fraudulenta: creía estar siguiendo las órdenes de un supuesto directivo de la empresa, pero las seis transferencias que realizó esta trabajadora (previa conversión del dinero a bitcoins) no eran sino la consecuencia de haber caído en el 'fraude del CEO'.

El fraude salió a la luz poco después de realizarse las transferencias, cuando la empleada logró contactar con su superior directo, quien desconocía la situación. A pesar de la rápida denuncia ante la Policía Nacional, la empresa procedió a despedir al día siguiente a la trabajadora (que contaba con casi dos años de antigüedad), argumentando falta de diligencia.

Ahora, en un caso que sienta precedente en lo que respecta a la responsabilidad laboral en casos de estafa, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha ratificado la decisión de la empresa de despedir a la empleada: la decisión revoca un fallo anterior de un Juzgado de lo Social de Palma, que había considerado improcedente el despido y obligaba a la empresa a indemnizar a la trabajadora.

En Genbeta

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Entonces, ¿es culpa del empleado y ya?

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