Hace cinco días, el abogado Carlos Sánchez Almeida, especializado en la defensa de derechos civiles en Internet y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, comentaba en la cuenta corporativa de su bufete algunos datos sobre el caso en el que se hallaban inmersos:

"Tenemos que conseguir que un hacker cuyo caso ha prescrito testifique a favor de dos cabezas de turco cuyo caso no ha prescrito. Y todo eso en un proceso donde se pretende por la acusación criminalizar el software anonimizador".

"Lo más difícil [es] traducir toda la jerga informática de la acusación, para […] hacerles entender [a los magistrados] que una vez liberado de palabrería técnica, se trata de un caso muy sencillo".

Ahora, ya conocemos los detalles del caso al que hacía referencia: el juicio por el hackeo de la base de datos y la cuenta de Twitter del Sindicato de los 'Mossos d'Esquadra' en 2016,que se saldó con la publicación en la red social de los datos personales —nombre, domicilio, teléfono, cuentas bancarias— de 5.600 afiliados al mismo. El hacker (cuyo caso, recordemos, ha prescrito ya) era el conocido como 'Phineas Fisher'.

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