El Centro para la Diversidad Biológica, la American Bird Conservancy, la Fundación Surfrider, Save RGV y la Nación Carrizo/Comecrudo de Texas han presentado una demanda contra la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos por haber concedido la licencia de lanzamiento del Starship. Argumentan, entre otras cosas, que lo ha hecho sin haber tenido realmente en cuenta el «calor, ruido y luz intensos que afectan negativamente a las zonas y comunidades de hábitats circundantes, que incluyen hábitats críticos para especies protegidas a nivel federal, así como terrenos de Refugios Nacionales de Vida Silvestre y Parques Estatales.»

Los demandantes alegan que, según lo que dice la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA, National Environmental Policy Act), la FAA tenía que haber requerido que la empresa llevara a cabo una declaración de impacto ambiental completa. Y no haberse dado por satisfecha emitiendo una declaración de impacto no significativo (FONSI, Finding of No Significant Impact) que aunque incluye algunas medidas para mitigar los efectos del funcionamiento de las instalaciones de SpaceX en Boca Chica y de los lanzamientos en opinión de los demandantes son claramente insuficientes.

Básicamente, dice la demanda, es como si la FAA hubiera decidido creer a SpaceX y encargarle a la empresa la vigilancia de todos los aspectos medioambientales de su operación sin en realidad hacer una supervisión efectiva. A mí me recuerda mucho al caso de la FAA con Boeing y el 737 MAX.

La demanda ha sido interpuesta a consecuencia de los efectos del lanzamiento del …