Los miedos contra la Red Compartida se alimentan de las incertidumbre y la poca transparencia.
La red compartida ha sido múltiples veces descrita como el proyecto de telecomunicaciones más importante del Gobierno actual. La puesta en marcha de está megaobra comenzó con el famoso apagón analógico que liberó la banda de 700 Megahertz de las señales de televisión con el fin de dejar de utilizarla para la televisión y dedicarla a la creciente demanda de telefonía y de banda ancha.
Con la Red Compartida se espera que para el 2023 el 92% del territorio nacional tenga cobertura 4G y se disminuyan las tarifas hasta el 45% y, sobretodo, se lleguen a conectar los lugares más rurales y marginales que hasta ahora han sido difíciles de conectar por motivos geográficos y por ser poco rentables para los operadores.
Básicamente la red compartida se trata de una infraestructura del Gobierno que ofrece concesionar un operador que administre y provea el espectro para operadores de redes móviles fijas o a los operadores sin infraestructura (los operadores móviles virtuales) para ampliar la cobertura de sus servicios.
Sin embargo, los especialistas del sector han perdido la esperanza de que el proyecto sea como lo presentaron pues, por un lado, el Paquete Económico 2017 que entregó el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no incluía ni un peso para el organismo rector de la Red Compartida, conocido como el Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel).
Y, por el otro, porque el secretismo ha hecho pensar que en realidad pocas …