Desde los primeros pasos de la llamada -y muy contestada- 'Ley Sinde' en 2009 (una respuesta al toque de atención dado por EE.UU. cuando nos metió en su lista de países "permisivos con la piratería") hasta la entrada en vigor de la 'Ley Lassalle', ya en 2015, España vivió unos años en que las descargas de Internet fueron un asunto relevante del debate político, y un problema que (pese a estar sumergidos en plena crisis económica) parecía preocupar mucho a nuestros políticos.

Una de las consecuencias directas de esa preocupación fue la persecución de las principales plataformas de difusión de material con copyright utilizadas por el público español, como SeriesYonkis o Series.ly, ambas 'caídas en combate' entre finales de 2014 y comienzos de 2015. Y ambas implicadas en interminables procesos judiciales que han terminado en absolutamente nada, tras haber presentado a los administradores de ambas webs como miembros de organizaciones criminales en el momento de su detención.

La Embajada de EE. UU. se puso a ejercer el lobby en nombre de su industria audiovisual, y España se ha pasado década y media hablando de cánones, ilegalizando enlaces, etcétera

'¿Una absolución? ¡Otra detención!'

La reforma de 2014 se hizo necesaria porque la Ley Sinde de 2011 se reveló como insuficiente para los objetivos marcados a la hora de sacarla adelante... sobre todo después de que el Tribunal Supremo declarara nulo uno de sus artículos más polémicos (el 20.2), lo que empezó a permitir que el simple hecho de …