Cada vez es más común que tanto individuos como instituciones sean víctimas de estafas y accesos no autorizados a sistemas informáticos. Sin embargo, cuando los objetivos son instituciones públicas (y especialmente aquellas con menos medios, como los ayuntamientos) las consecuencias de estos ataques pueden ser cualquier cosa menos nimias.

En las últimas semanas, decenas de municipios se han enfrentado un alarmante incremento de ciberataques, según se hace eco el ABC. Los hackers no sólo han logran paralizar sus sistemas mediante ransomware, sino que también exigen el pago de rescates por sus sistemas y/o datos, sumiendo a los ayuntamientos en un caos (páginas web inhabilitadas, sedes electrónicas o sistemas de control de semáforos inutilizables, etc.) que pone en evidencia la vulnerabilidad tecnológica de las instituciones públicas.

Dos ejemplos pueden ilustrar el alcance de estos ataques en todo el territorio español. En octubre de 2023, el Ayuntamiento de Sevilla sufrió un ciberataque que mantuvo suspendida su sede electrónica durante más de 40 días.

Año y medio antes, las fuerzas del orden habían detenido al responsable de hackear los sistemas de los ayuntamientos de Granda y de Madrid para desviar dinero público hacia sus propias cuentas manipulando el número de cuenta de las nóminas de los funcionarios.

Falta de recursos y/o preparación

Uno de los principales retos para los ayuntamientos más pequeños es la falta de recursos. Municipios con presupuestos limitados, como La Acebeda, cuyo presupuesto anual es de apenas 62.000 euros, tienen dificultades para invertir en soluciones avanzadas de ciberseguridad. Sin embargo, …