En 2018, el gobierno de Noruega introdujo un impuesto del 22% sobre los ingresos anuales obtenidos por alquileres vacacionales. Este gravamen, popularmente denominado “impuesto Airbnb”, buscaba reducir la oferta de este tipo de alojamientos al provocar la salida de aquellos anfitriones para quienes este pago resultaba poco rentable, el aumento en los costos de hospedaje o ambas cosas.

La decisión respondió a fuertes críticas del sector hotelero, que consideraba injusto que los alquileres a corto plazo estuvieran exentos de impuestos, así como a las quejas de los residentes afectados por la escasez de viviendas asequibles y las molestias ocasionadas por el turismo. Sin embargo, un estudio publicado en 2023 en Economics Letters evidenció que la medida no logró regular de manera efectiva el arrendamiento vacacional a través de Airbnb.

¿Por qué no funcionó?

El "impuesto Airbnb" únicamente aplicaba para aquellos propietarios cuyos ingresos superaban las 10,000 coronas anuales (18,985 pesos) y sobre el 85% de facturación. Con esta medida, el gobierno no solo quería frenar la expansión de Airbnb en el país. También se buscaba devolver las propiedades al mercado de alquiler residencial con precios asequibles.

Para descubrir los efectos de esta medida, Marcel Garz y Andrea Schneider, autores del estudio, analizaron la respuesta del mercado a esta medida y la compararon con Suecia, país con el que Noruega comparte similitudes en el terreno social, turístico e inmobiliario. Lo que descubrieron fue que los anfitriones no retiraron sus inmuebles de Airbnb ni …