El pasado 21 de noviembre los ministros de Economía, Ciencia y Tecnología y los representantes de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), firmaron junto a la multinacional Amazon los estatutos que dieron vida a la Fundación Data Observatory (FDO). El alcance de la instancia buscaba “procesar y almacenar datos” generados por “instituciones de carácter público y privado”. La instancia podría “disponibilizar”, datos sobre astronomía, cambio climático, generar información para sectores como educación, economía, entre muchos otros. El aporte fue definido por el presidente Sebastián Piñera en 15 mil millones de pesos (unos US$ 19 millones).
Hasta ese minuto el Gobierno daba por sentado que la iniciativa sería aprobada inmediatamente por la Contraloría. Sin embargo, se equivocó, porque el pasado 3 de septiembre, el organismo fiscalizador “representó” o en otras palabras cuestionó la legalidad del decreto firmado por ambas carteras el 30 de enero de 2020, al encontrar una serie de anomalías administrativas que podrían echar por tierra la sola creación del FDO, uno de los proyectos estrella lanzado por Sebastián Piñera en materia de innovación.
De acuerdo al oficio que obtuvo la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la entidad de control estimó que la fundación creada a tal efecto, no evidencia cómo evitará la comercialización de los datos.
Para llegar a esa conclusión, la Contraloría estimó que el Gobierno usó un mecanismo de trato directo para que una empresa privada integre el Estado sin entregar fundamentación para recurrir al mecanismo.
“Teniendo en consideración el volumen de información y la amplitud de operaciones que …