Por Cristián Yáñez W.
Las puertas se abren e ingresan los protagonistas a la sala de audiencia. Se trata de un juicio sobre paternidad no reconocida, en el tercer Juzgado de Familia de Santiago de Chile, donde participan la querellante con su abogada, el demandado y la magistrada junto a su fiel colaborador, el redactor, un rol que acá es conocido como “el acta”. El lugar es pequeño. Hay cuatro mesones donde se instalan los participantes, más uno que corresponde a la jueza a cargo, Claudia Madariaga, ubicado a poca distancia de una bandera chilena que simboliza que estamos dentro de un poder del Estado.
La abogada querellante ha expuesto que el demandado no ha reconocido a un supuesto hijo, así que Madariaga, luego de lanzar preguntas de contexto a ambas partes, indaga en las razones del demandado para no haberse efectuado un examen de ADN que confirme o descarte su paternidad. El demandado no tiene mucho que decir. Solo una débil e impresentable frase: “por falta de tiempo”.

Tras un proceso de cerca de 30 minutos, la magistrada va a dictar la sentencia. El demandado y la querellante aguardan expectantes. La jueza se acerca al micrófono y comienza a dictar el desenlace, pero a diferencia de lo que hemos observado hasta ahora en el Poder Judicial chileno, “el acta” parece no inmutarse. ¿Una huelga de brazos caídos? No, el redactor, con total tranquilidad y sin hacer ostentación de la rapidez de sus dedos esta vez, teclea en su computador solo de …