El asunto del canon digital en España sigue dando de qué hablar. Después de que en 2012 el Tribunal Supremo lo invalidase por considerarlo "nulo e inaplicable", y de que el Tribunal de Justicia de la UE lo declarase ilegal, volvemos a encontrarnos con él. Tanto los gobiernos socialistas como los populares han intentado en repetidas ocasiones establecerlo para encontrarse con la oposición de los tribunales. Ahora quizá estarían más cerca de lograr que la norma pase los controles judiciales.

El borrador del nuevo Real Decreto-Ley de modificación del texto de la Ley de Propiedad Intelectual ha levantado ampollas, especialmente en la Asociación de Internautas (los responsables de filtrarlo), que lo ven como una medida arbitraria y desproporcionada. El borrador introduce cambios que afectan al gravamen de soportes y a quién debe pagarlo, obligando también a las personas jurídicas a ello, cuando antes estaban exentas.

Lo que dice el nuevo borrador

Gobiernos de distintos colores políticos llevan a vueltas con el tema del canon desde hace 14 años. En el nuevo borrador se sustituye el actual modelo de compensación financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por un modelo basado en el pago de un importe a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.

Dicho de otra manera: se cobrará un impuesto en cualquier soporte de reproducción digital, una especie de respuesta a la tendencia de mercado en la que los usuarios utilizan plataformas de streaming para ver películas o escuchar …